Por distintas razones se advertía que el gobierno de Iván Duque sería una administración desprovista de políticas audaces en el plano social, económico, democrático, paz e internacional. Su mentor más relevante había  dejado una estela de desolación y deficitaria en esos campos en los dos períodos presidenciales que tuvo a su cargo y los aliados de última hora, los de CR, U, PL, no tenían tras de sí pergaminos atractivos que invitaran al optimismo. Portaban, eso sí, la oriflama de la corrupción en los casos Reficar, Odebrecht, AAA y otros tantos. Su propósito central era atajar a Petro y vaya que lo lograron.

Renarcotizar la política interna y las relaciones con USA pudo ser un señuelo que pescara incautos en el pasado no ahora  que  incluso quienes defendieron la lucha contra el narcotráfico versión gringa han reconocido que ella ha sido un estruendoso fracaso y que se ha evidenciado que está revestida de una buena dosis de doble moral, tales son los casos de los bancos de la elite financiera HSBC, ING, Rabobank y Citygroup, involucrados en lavado de activos provenientes de esa actividad ilícita. La insistencia del gobierno Duque en vincular el crecimiento de los narcocultivos de hojas de coca a la firma de los Acuerdos Gobierno-Farc busca desacreditar estos últimos y ganar a la opinión pública para el proyecto boicoteador contra la JEP y los demás instrumentos de la justicia transicional, que con tropiezos han comenzado a andar y a mostrar resultados aunque parciales pero promisorios.

El analista Ariel Ávila Martínez (Semana, 27 de junio de 2018) ha derrumbado los mitos oficiales y mostrado que tal incremento ha sido posible en virtud de la baja en el precio del oro,  que obliga a que quienes trabajan en esta actividad de minería ilegal se trasladen a la de los cultivos de hoja de coca; a la revaluación del dólar, en 2018 pasó de 1800 a 2900 pesos; al aumento del consumo de cocaína en el globo: USA 1º, Brasil 2º y Argentina comandan el grupo de mayores consumidores seguidos por la UE; al vacío de poder dejado por las Farc que ha sido copado por fuerzas amigas de los cultivos de coca; y al hecho de que numerosas familias optaron por esa actividad para hacerse acreedores a los beneficios que los Acuerdos de Paz Gobierno-Farc establecían para quienes los abandonaran.

En esa misma dirección debe entenderse la persistencia gubernamental y uribista en el caso “Santrich”, versión extradición. Tal como el gobierno y sus aliados asumieron la situación parecía como si en ella les fuera la vida y que la estabilidad del régimen dependiera de la satisfacción entregada por Colombia a la petición norteamericana. Aunque todavía es prematuro hacer juicios concluyentes, algo quedó claro de esto: no hubo clamor nacional de apoyo a las pretensiones que buscaban desconocer el rol de la JEP en el evento que se comenta.

La topa tolondra es fiel compañera de la gestión gubernamental uribista. Al fracaso mencionado súmesele el de la comparsa anti Maduro. Después de tantas promesas de la inminente caída del vecino gobernante hechas por Duque lo que se ha venido a develar es una corruptela de las huestes opositoras de la que ha participado como actor ejemplar el gran Guaidó, quien después de tantos anuncios en contrario ha expresado que se reunirá con Maduro en Barbados en pocos días. El presidente sin funciones determinadas ha sido ya repudiado por funcionarios de Trump y por el “frívolo e incompetente” Vago de oro, Andrés Pastrana.

Los descalabros no paran en la política exterior. Su más reciente víctima fue el exmilitante del M19 y hoy aplicado miembro del CD con una disciplina digna de todo converso, Everth Bustamante. Quizás para sacárselo de encima AUV obligó a Duque que lo presentara como el candidato de su gobierno a integrar la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos). En una decisión que estaba cantada de antemano en razón del precario perfil que ostentaba para el cargo Bustamante fue humillado en la reciente Asamblea de la OEA realizada en Medellín y allí, jugando de local, derrotado. Duque cobra por ventanilla las derrotas y de a pares para mayor gloria. Su propuesta presentada en la Asamblea en la que hizo causa común con Bolsonaro, Piñeira, Abdo Benítez y Macri, consistente en despojar al Sistema Interamericano de la prevalencia de su normatividad de derechos humanos sobre el derecho interno de sus estados miembros, fue así mismo derrotada.

La famosa expresión aquella según la cual la política exterior de un estado es la prolongación de la interior, cobra aquí inocultable vigencia. A los intentos gubernamentales de hacer trizas los Acuerdos, destrozar la JEP, hacer mutis por el foro ante los asesinatos de líderes sociales y excombatientes de las Farc, debe adicionarse la política de lujo que se expresa en la OEA y en la embajada USA con sus no menos lujosos representantes Ordóñez y Francisco Santos, en su orden. En la UE también se conocen los resultados de esta fructífera política: donde Duque ha llegado ha sido recibido con manifestaciones de rechazo a su actitud permisiva hacia los cientos de líderes sociales asesinados durante su no completado año de gobierno.

Necesario es aludir al caso “Santrich” y la situación que se ha presentado en el seno de las FFMM por el asesinato del exmiembro de las Farc Dimar Torres y la filtración a algunos medios informativos de una reedición de los equívocamente llamados “falsos positivos”. Los choques de trenes del pasado ocurrían casi siempre entre las Cortes y tenían lugar porque unas y otras se atribuían competencias para conocer asuntos que tenían que ver con acciones de tutela, qué organismo cerraba el proceso de amparo, por ejemplo. La JEP rompió la tradición en ese terreno y lo hizo en un tema sensible de la política exterior: la extradición de colombianos a USA. Decidió negarla porque no encontró pruebas de que el exguerrillero hubiera cometido el delito ni de que se hubiera producido después de la firma de los Acuerdos de 2016. Los berrinches presidenciales y del uribismo no han prosperado a pesar de la ayuda que le ha tendido la embajada norteamericana. No es fácil determinar qué desenvolvimiento tendrá esta contienda interinstitucional y cuándo llegará a su fin. Pero marcará un hito.

Las FFMM han estado en buena parte del conflicto armado colombiano en el ojo del huracán. De acuerdo con organismos nacionales e internacionales defensores de DDHH su rol ha sido fatídico y ha cosechado por eso múltiples denuncias. Algunas expresiones de los últimos meses han denotado una modificación de ese accionar en ciertos sectores de sus miembros. Al homicidio fuera de combate y en estado  de indefensión de Dimar Torres, excombatiente de las Farc, por un integrante activo del ejército en jurisdicción de Convención, Norte de Santander, le siguió casi que  de inmediato una reacción del brigadier general Luis Villegas Muñoz, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, mediante la cual pidió perdón a los familiares del asesinado excombatiente. El acto merece resaltarse porque a diferencia de otros eventos ese no estuvo obligado por un mandato judicial ni cargado  de la simbología formalista y displicente que suele usarse en estos casos.

El síndrome de la JEP ha tenido sus efectos en partes del estamento castrense. Varios de sus miembros filtraron información a algunos medios de prensa acerca de la inminencia de una reedición de los “homicidios fuera de combate”. Qué tan temprano es para lanzar campanas al vuelo porque haya asomo de sectores que no comparten la política represiva a ultranza contra la oposición política en la sociedad y dentro de la institución armada hacia quienes no quieren repetir historias criminales hasta conformarse en una fuerza consolidada, sólo el tiempo nos lo dirá. La voluntad con que miles de militares han acudido a la JEP a rendir testimonios de sus acciones en el conflicto y el de sus superiores, nos dice que algo bueno puede pasar. No será fácil. A medida que se destapan casos de corrupción  se incrementa la persecución a los filtradores de información a la prensa. La cacería de brujas está en andas.

La oposición política a las medidas gubernamentales y a algunos miembros de su gabinete ha sido dispersa y débil. Tal es el caso de la que habita en el Congreso. No pudo sacar adelante la moción de censura contra Carrasquilla ni contra minCerteza (Botero) ni evitar el ascenso del General Nicasio Martínez. Tampoco había prosperado el debate que adelantó contra el  entonces Fiscal General de la Nación Néstor H Martínez en noviembre de 2018. La unidad de cuerpo y cierre de filas de los partidos proestablecimiento se muestran pétreos en estos asuntos. Lo que aquí se cuestiona  no es la calidad de los argumentos de los congresistas opositores contra los funcionarios aludidos sino que se reduzca a eso: a un debate de recinto cerrado, típico de las democracias parlamentarias.

La Minga podría ser un escenario de convergencia de la oposición legislativa, a la que deberían llegar las organizaciones sociales y políticas  de diversa índole para atajar los asesinatos sistemáticos que a diario se perpetran en campos y algunas ciudades del país. Quienes abrigan aún esperanzas de que el pantano se vincule a estas luchas decisivas y a las alianzas electorales con los alternativos, deben irse bajando de ese corcel. El baladista antioqueño ha anunciado que se mudará a Bogotá en los venideros días desde donde, no hay que tener una bolita mágica para acertar, tomará la Alcaldía de Claudia López como el trampolín para fortalecer su caudal electoral capitalino con vistas a las jornadas de 2022. Será quizás esa la razón de la tardanza de Petro en dar su guiño a la López. No sea que esté preparando la ingesta de un trago amargo en grado sumo.

* El autor es Politólogo – Magister en Ciencia Política y Gobierno