Por Marino Canizales P.

Abogado y Magister en Filosofía Política.

Cuando se es gobernante de un país, es posible que quien ejerce el poder cometa  delito de genocidio por acción o por omisión. En ambas conductas el dolo o intención está presente pero encubierto con razones de Estado y de seguridad nacional, lo que dificulta su posterior investigación y castigo. Sus víctimas terminan convertidas en frías cifras que ocultan los estragos de la muerte. Es lo que ocurre muchas veces cuando se ejerce brutal represión contra las revueltas y protestas carcelarias. Los cadáveres de los reclusos terminan recogidos y amontonados por sus victimarios, la misma guardia de la cárcel y la  policía, para depositarlos luego en fríos cuartos de una morgue, pasando a ser, una vez más, un anodino capítulo en la historia universal de la infamia.

De esa manera, la seguridad de la mayoría, los no desviados, no correrá ningún riesgo. Esa minoría de desviados, de no personas, de sujetos sin derechos, ha dejado de ser una amenaza. No hay de qué preocuparse. La eficacia del derecho penal máximo, la ley del más fuerte y su torniquete, la centralidad de la cárcel, han salido airosos. El silencio y la impunidad vendrán después : de eso se encargarán los medios afectos al régimen y los “juristas” cooptados por la maquinaria infernal de ese derecho penal máximo. Mientras tanto, el infierno de las cárceles continuará triturando en sus socavones , como un lugar invisible para el mundo exterior, a quienes sobreviven hacinados en él : las reclusas y reclusos, condenados y por condenar. Si hay una nueva revuelta, un motín o una protesta en forma de cacerolazo o huelga de hambre, la respuesta será la misma : la barbarie justificada por el derecho penal del enemigo, según el cual, la cárcel es un campo de guerra, y el recluso, un enemigo a quien hay que abatir. Y lo que sigue, las más de las veces, otra masacre que terminará sumándose al ya largo e impune genocidio de la población carcelaria, como delito continuado perpetrado por un Estado que tiene la obligación de garantizar la vigencia y respeto de sus derechos fundamentales.

Lo ocurrido en la cárcel La Modelo de Bogotá el pasado 21 de marzo del año en curso, es un capítulo más de ese trasegar genocida del régimen político que controla los destinos de este país. Antes se gobernaba con la constitución política de l886, y los reclusos morían como moscas en esas mazmorras llamadas cárceles. Ahora se gobierna con la constitución política de 1991, y esas mazmorras, más numerosas en la hora presente, 132 en total, sin contar las Comisarias de policía y las Uri, convertidas de hecho en centros de reclusión, continúan siendo eso : mazmorras. La carta de derechos fundamentales de esta última no rige en su interior. A la manera de una campana neumática, la cárcel terminó convertida en  un paraestado donde no rige el Estado de derecho ni el ordenamiento constitucional que lo sustenta. La población que las “habita” no tiene voz, ni rostro y mucho menos identidad. Son seres débiles, con la dignidad rota y deshumanizados. Afuera sabemos de ellos y ellas cuando su ira acumulada rompe los muros que los ven languidecer o morir.

Ese 21 de marzo los reclusos de la cárcel La Modelo y de 12 cárceles más a nivel nacional adelantaron una jornada de protesta rechazando la dura represión interna y violación de sus derechos humanos, y exigiendo solución a la grave situación de hacinamiento, la falta de agua y de implementos de aseo e higiene y la ausencia de garantías de cobertura sanitaria ante el grave riesgo de contagio por la enfermedad del coronavirus, Covid-19. Reclamos y temores que quedaron confirmados con el contagio masivo de reclusos en las cárceles de Villavicencio y Leticia ocurrido poco después. De nuevo, la respuesta fue la represión : otra masacre traducida en 23 reclusos asesinados, 82 internos heridos y 3 del personal administrativo de la cárcel. Y una vez más, el mismo argumento : al día siguiente de los hechos, la Ministra de Justicia y del Derecho, el Fiscal General de la Nación y el abúlico Ministro de Defensa salieron a justificar al unísono la represión de esa revuelta carcelaria manifestando que se trató del control de “un intento criminal de fuga masiva.” Esta vez, la tarifa exigida por el terrorismo penal y la doctrina fascista del derecho penal del enemigo se pagó con la vida de 23  internos asesinados.

En reportaje publicado por el diario El Tiempo el pasado 19 de abril, la Ministra Justicia, Margarita Cabello, declaró en relación con el “motín en La Modelo” : “Como señalé desde el primer momento, los videos recogidos y entregados a la Fiscalía hacen pensar que probablemente existió un plan criminal de fuga, más que una reclamación por la situación de salud. Así lo explicó también la Fiscalía. Nuestro cuerpo de custodia y vigilancia actuó de manera heroica y valerosa, conteniendo la fuga de los internos.” Ya antes, el día 22 de marzo, según el diario El Espectador en versión digital (www.elespectador.com), la ministra había dicho : “No hubo fugas. Hubo un plan criminal de fuga que fue frustrado. Tampoco hay un problema sanitario que hubiera originado ese plan y esos motines.” Sin embargo y en relación con tales hechos, ese diario reseña un comunicado de más de 70 organizaciones sociales dado a conocer  por el Congreso de los Pueblos en el cual se dice, entre otras cosas  que “Las personas allí privadas de la libertad informan que les dispararon indiscriminadamente a todos los presos, partícipes o no de la protesta.”

Ante la gravedad de los hechos en mención y atendiendo a los reclamos  de justicia de las referidas organizaciones sociales y la rabia social expresada por dolientes de las víctimas, y antes de que el pesado manto de la impunidad empiece a cubrirlas con una larga e interminable investigación por parte de la Fiscalía, el senador Iván Cepeda y el presidente de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos enviaron el día 23 de marzo una perentoria comunicación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de que exija al Estado Colombiano las investigaciones penales y disciplinarias que correspondan. Sumado a lo anterior, pidieron que la misma entidad, de ser ello posible, realizara un seguimiento de tales indagaciones.

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 En el entretanto, el miedo y la histeria colectiva generados por la pandemia del coronavirus y la desinformación mediática en torno al Estado de excepción decretado por el gobierno de Iván Duque, le han permitido a este hacer su agosto, utilizando el mazo del Estado de excepción y sus Decretos legislativos para dar  un golpe de Estado al Congreso de la República confinando sus miembros a sus hogares y convirtiendo su control político en una caricatura, y tomar decisiones contra libertad y los derechos de los trabajadores, las clases populares y la gran población marginada y sin recurso alguno. Convirtiéndose así dicho régimen y el “uribato” que lo sustenta, en otra pandemia contra los pobres a través de esas normas de excepción.

Con uno de esos Decretos legislativos intentó cubrir con denso humo la crisis humanitaria del hacinamiento carcelario en Colombia, llevado y traído por propios y extraños, pero sin solución alguna. De la mano de esa norma genocida, el oficinista de la Casa de Nariño pensó que saldría del atolladero. Pero los hechos son tozudos y tienden a complicarse mucho más con la peste del Covid-19. En relación con esto, el diario El Tiempo en su Editorial del día 26 de abril del año en curso, remarca lo dramático de la situación, pero reconociendo que la “cuestión carcelaria” es de vieja data : “Heredada  de un gobierno a otro, y agravándose año tras año, la crisis de nuestro sistema penal y carcelario tiene ahora un catalizador inédito que obliga a tomar medidas, también sin antecedentes : la pandemia del coronavirus.”

LA BANCARROTA DE LA CENTRALIDAD DE LA CÁRCEL.

Los sucesos del pasado 21 de marzo en la cárcel La Modelo no constituyen, ni mucho menos, un capítulo aislado en la larga noche del sistema carcelario colombiano. Tampoco el sempiterno hacinamiento de su población carcelaria, ni el agudo nivel de violencia que ha atravesado y sigue atravesando los diversos conflictos que tienen lugar en su interior. El pasado 27 de abril del presente año se cumplieron 20 años de una  de las peores masacres ocurrida en una cárcel colombiana : La Modelo, cuyo nombre, además, es una paradoja sangrienta, un “modelo” de barbarie. En ese centro carcelario, controlado entonces por gran parte de fuerzas paramilitares y con hacinamiento de un 150% — según reportaje de la periodista Jineth Bedoya (El Tiempo, abril 26 de 2020), quien entre  1999 y el 2000  había cubierto para el diario El Espectador lo que venía sucediendo en dicha cárcel–, tuvo lugar una revuelta armada cuyo fin no era otro que consolidar tal poder, previa aniquilación de la población guerrillera ubicada en su ala norte. Los paramilitares no lograron su propósito, pero conservaron su poder y el motín terminó con 32 personas muertas y 17 heridos. “20 años después, recuerda, la masacre del 27 de abril está en la impunidad.”

En otro lugar de su reportaje afirma : “La masacre del 27 de abril del 2000 en la cárcel La Modelo fue una de las treinta acciones armadas, ocurridas al interior de ese penal, entre marzo de l999 y enero de 2003. Este lapso dejó más de 300 muertos y por lo menos 100 desaparecidos, además de múltiples secuestros  y extorsiones al interior de sus patios; también violaciones de mujeres que entraban a la visita de los domingos y decenas de hombres abusados sexualmente, que llegaban por primera vez detenidos. En  La Modelo funcionó desde 1998 la oficina administrativa de las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC.” Esta periodista, luego de publicadas sus más de 30 crónicas en El Espectador, estando en la puerta de entrada de La Modelo el 25 de mayo de 2000, intentando cumplir una cita que le había sido pedida por un paramilitar, fue secuestrada y luego violada por quienes la tenían en su poder en otro lugar fuera de la cárcel, donde fue abandonada.

Esta corta referencia a ese pavoroso mundo descrito en sus crónicas por Jineth Bedoya tiene el valor de confirmar con creces la advertencia de Montesquieu referida por Luigi Ferrajoli en uno de sus ensayos1 : “el grado de civilización de un país se mide y progresa según la benignidad de sus penas”.  Dicha advertencia remite de manera inequívoca al grave problema de la centralidad de la cárcel en el sistema penal colombiano, que rige  en forma férrea como pena principal y paradigmática, desarrollada sin reservas por el eficientismo penal, tributario del derecho penal del enemigo. Su aplicación implacable por parte de los jueces terminó generando una superpoblación carcelaria, con un costo corporal, moral y psicológico que se impone por igual a los autores de graves ofensas y violaciones a los derechos humanos y la convivencia civil, y a quienes cometen delitos menores o realizan delincuencia callejera o toxico-dependiente contra propiedad y los que se encuentran en detención preventiva.

Así las cosas, es la referida concepción política del derecho penal y sus instituciones procesales y la centralidad de la cárcel que la vertebra, la causante en grado sumo del hacinamiento de la población carcelaria y de la violencia que la consume, tanto en nuestro país como a nivel internacional.

Al respecto, decir que la salida a tal situación de crisis humanitaria es, sin más, “la excarcelación masiva de reclusos”, es incurrir en una caricatura, para luego no hacer nada, o realizar esguinces frente al problema, como acaba de suceder con “gatopardista” Decreto Legislativo 546 de abril 14 de 2020, dictado por el oficinista de la casa de Nariño, hoy convertido, gracias a la publicidad mediática, el apoyo de los empresarios y el silencio de los partidos políticos, en el “padrecito protector de los colombianos”.

Lo que hay que exigirle al régimen de Iván Duque, controlado por el Centro Democrático, es la sustitución de la pena por arresto o detención domiciliaria más allá de la mezquina cifra de 4000 reclusos beneficiarios de esta medida, con fundamento en criterios racionales y democráticos, sin que eso signifique la libertad para autores de graves ofensas a la vida y los derechos fundamentales. Una casuística fundada en el eficientismo penal y en el derecho penal del enemigo, para dar salida a tal problema, es tan criminal como el hacinamiento que pretende resolver. Son varias decenas de miles de reclusos  y reclusas que deben gozar del citado beneficio, tanto o más, cuando la suma de personas con detención preventiva pasa 30.000.  Es preciso llevar  a cabo una despenalización de gran parte del código penal y una desprisionalización de las cárceles, como lo propone Ferrajoli dentro de una perspectiva garantista. Hay que dar entrada al sistema penal colombiano, en forma permanente y no excepcional, a la justicia restaurativa, y desmantelar la justicia retributiva vigente, por supersticiosa y vengativa. El Estado colombiano tiene la obligación constitucional  de tutelar la vida y los derechos fundamentales de todos los colombianos y colombianas, incluida la población carcelaria hacinada y degradada en su cárceles, comisarías y Uris.

En relación con lo anterior, nadie está pidiendo libertad para los autores de graves ofensas contra la vida y los derechos fundamentales, como ya se dijo antes. Tampoco para los grandes  criminales de la mafia y de los delitos de poder, ya sean del mundo económico privado o del poder del Estado, hoy tan en boga. Incrementar las penas, cuyo límite actual es de 60 años, lo  que ya es un exceso, es hacer demagogia jurídica, como está a punto de ocurrir con la aprobación en la Cámara de Representantes de la cadena perpetua por el delito de asesinato y violación de menores, quedando pendiente su aprobación definitiva en el Senado de la República. Por esa  vía reaccionaria no sólo se modifica la Constitución Nacional, sino que también se abren las puertas para que la derecha introduzca otros delitos de igual rango carcelario, sin dejar de advertir la total inutilidad de dicha reforma.

cárceles 3.

Contra el terrorismo penal y carcelario hay que levantarse y dar un nuevo salto de civilización racional y democrática, como lo plantea  L Ferrajoli, desmantelando esa máquina infernal de la centralidad carcelaria y reducir la carta de delitos a su mínima expresión, manteniendo en cintura  la impunidad  como denegación de justicia.

La cárcel, como bien lo precisa dicho autor, fue en su momento una invención moderna y una conquista del Iluminismo Humanitario contra la barbarie del derecho penal premoderno, denunciada por Cesare Beccaría en su monumental obra “De los delitos y las penas” publicada en 1764, la cual hay que seguir visitando. Con la cárcel, dice, la pena se volvió incruenta y se configuró como pena igualitaria, legalmente predeterminada, susceptible de medición y cálculo : privación de un tiempo abstracto de libertad, exactamente cuantificable y graduable por la legislación y luego por el juez, en relación con la gravedad –en abstracto y en concreto – de los delitos castigados.”2

Pero ocurre que las clases dominantes no ceden, y saben igualmente que no hay conquistas irrevocables en su relación de fuerzas con los oprimidos y los explotados. Una conquista democrática, como la mencionada, con la consolidación del régimen capitalista y su poder Estado, teniendo como telón de fondo el derecho como campo de lucha y las doctrinas del Estado de excepción y la soberanía radical de tipo plebiscitario y bonapartista, ha terminado convertida en un nuevo tormento para los débiles en el complejo y abigarrado mundo carcelario. Sin dejar de lado las nuevas criminalidades macro de los poderosos y de quienes detentan el poder político, junto a la inflación legislativa en materia penal que genera ambigüedad e incertidumbre en las políticas criminales Estado. En ese contexto histórico, el poder y la arbitrariedad de los jueces lograron eliminar una diferencia fundamental en el ámbito de lo penal: la debilidad del ofendido con el delito, y la debilidad del imputado en el proceso y la debilidad del condenado en la cárcel. Por eso, el citado autor propone el garantismo y un derecho penal mínimo como ley del más débil ante la tiranía y el despotismo de un derecho penal máximo y su voraz apetito de condenas, que tiene en la mira, como si fuese poco, la estabilidad y vigencia del delito político y su tratamiento especial a favor del rebelde.

Se olvida, y lo recuerda Ferrajoli, que el derecho penal con su poder sancionatorio tiene y mantiene un pesado sustrato de crueldad, que siempre hará precaria su legitimidad, entendiendo esta como la que surge de la garantía y cumplimiento de los derechos humanos, del inocente, del condenado o del sindicado con detención preventiva. Lo otro es la legalidad y de eso tenemos bastante. Al respecto, hace un llamado de atención : “Debe advertirse que el derecho penal, aun cuando rodeado de límites y garantías, conserva siempre una intrínseca brutalidad que hace incierta y problemática su legitimidad moral y política. La pena, cualquiera que sea la forma en que se la justifique y circunscriba es, en efecto, una segunda violencia que se añade al delito y que está programada y puesta en acto por una colectividad organizada contra un individuo.”3

Es ese sustrato brutal  el que, con el paso de los siglos y la dinámica de la lucha de clases, ha hecho su irrupción de la mano de doctrinas autoritarias y regímenes fascistas y estalinistas, acentuando el carácter aflictivo de la pena en cuanto a la subjetividad del prisionero se refiere. No sólo es la pena corporal; es también su dimensión psíquica y el derrumbe moral  de quien la padece.

Luchamos contra la tortura corporal y su retorno oblicuo y embozado, utilizada ahora como instrumento de lucha contra el terrorismo. El cuerpo del sindicado o  detenido no puede volver a ser objeto de tormentos y suplicios con el fin de arrancarle verdades reales o ficticias necesarias al torturador. Baste recordar aquí su justificación y práctica durante el gobierno de George W. Busch, y su defensa por el recién posesionado presidente Donald Trump, y la complacencia al respecto de algunos gobiernos europeos y del oriente medio en cuyos territorios se llevó a cabo bajo la práctica del secuestro y tortura de personas sospechosas en cárceles secretas controladas por la CIA.

Pero también debemos luchar contra la otra tortura, la visible y banalizada por medios de comunicación, la del confinamiento y hacinamiento carcelario que acentúa y hace intolerable el doble carácter aflictivo de la pena, el corporal y el psíquico. La centralidad del la cárcel llenó con inmensos sobrecupos todos los establecimientos carcelarios del país, unos más atiborrados que otros y en distintas condiciones de vida. El cuerpo del recluso y reclusa está aislado del tejido social, sufre el acoso, la estrechez, la falta de distancia e intimidad hasta el punto de ser objeto de violencia sexual y toda clase vejámenes por parte de pandillas y mafias que los rodean, los castigos y tomentos impuestos por la misma policía carcelaria, la casi inexistencia de servicios públicos y de implementos de aseo e higiene y una miserable cobertura médica y sanitaria. Todo lo anterior se traduce simultáneamente en un derrumbe moral y fractura psíquica del recluso. En ese aislamiento en medio del hacimiento, se muere o languidece en forma lenta pero indefectible.

Los hechos ocurridos en La Modelo en fechas tan diferentes, como también en otros y tantos centros carcelarios del país, demuestran sin atenuantes el fracaso de la centralidad de la cárcel. Ese vórtice lo devora todo, en unas cárceles más que en otras, en medio de una constante perversa : el hacinamiento. El eficientismo penal nutre sus entrañas en forma permanente, con más y más presos, condenados o no. Sus fauces se extienden hasta las comisarías de policía y las Unidades de Reacción Inmediata (URI). En relación con el recluso sujeto de detención preventiva, para él no existe la presunción de inocencia como derecho fundamental y está condenado sin haber sido vencido en juicio, lo cual lo convierte en el más frágil de todos en ese mundo amorfo.

Con la pandemia del coronavirus y sus efectos arrasadores, la muerte a plazos  dentro de la población carcelaria se convirtió en amenza inmediata y colectiva para todos y todas. Es el pánico como relación social en un contexto de total indefensión y sin vía de escape. Eso explica la ira de las revueltas en 13 cárceles  del país el pasado 21 de marzo, en particular en La Modelo, la Picota y el Buen pastor, ubicadas en Bogotá, en la Picaleña, Ibagué, en Jamundí, Valle del Cauca, en Cómbita, Boyacá, y en Bellavista, Pedregal, Puerto Berrío e Itaguí, ubicadas en Antioquia. Hoy el cuadro y situación de contagio tiene su principal foco en las cárceles de Villavicencio, Meta, con cerca de 877 infectados4 y varios decesos, la cual tiene una población carcelaria cercana a 190 personas y una sobrepoblación del 97% , y de Leticia, con 147 infectados y un deceso, lo que representa un 78% de toda la población reclusa, estimada 181 internos, dejando en claro que ambas cárceles  se encuentran en cuarentena, con un subregistro de datos de contagio tanto en ellas como en las demás cárceles del país.

EL DECRETO 546 DE 2020 : EL RUMBO A UN GENOCIDIO CARCELARIO

Ante el desastre humanitario descrito en estas notas, denunciado por distintas vías y calificado en forma banal por el diario “El Tiempo” como una “papa caliente” en el Editorial ya referido antes, el “oficinista de la casa de Nariño” y su caricatura de gabinete dieron en dictar, en el marco del estado de emergencia, el Decreto Legislativo No. 546 de abril 14 de 2020 tantas veces mencionado aquí, con el ampuloso propósito de “combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y mitigar el riesgo de propagación” del COID-19. Con su aplicación, según el gobierno nacional, se pretende que 4000 reclusos, como ya lo anoté antes, obtengan “la prisión domiciliaria y la detención domiciliaria transitorias en el lugar de residencia…”

El carácter demagógico de dicho Decreto, su instrumentalización retorcida del Derecho internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, del Bloque de Constitucionalidad reconocido en nuestro ordenamiento constitucional y la carta de derechos fundamentales en él establecida, como también la utilización  maniquea de jurisprudencias de la Corte Constitucional  sobre la crisis del sistema carcelario y el estado de cosas inconstitucional en que se encuentra su población reclusa, convirtieron ese legajo de 32 páginas en un parto de los montes, pariendo un repugnante ratón. Es posible que 4000 reclusos ganen la sustitución de su pena y obtengan la prisión domiciliaria tan llevada y traída por el gobierno nacional y la Ministra de Justicia, sólo que, para las calendas griegas y ante otra pandemia. Pero antes deben pasar el filtro de más de 85 exclusiones e impedimentos y someterse al tramite tedioso y dilatado de jueces y funcionarios del Inpec con la ineficacia que los caracteriza. Y, como si fuese poco, se establece en el artículo 6º del Decreto mención que “La detención preventiva o la prisión domicilia transitorias en el lugar de residencia, tendrá un término de seis (6) meses.”  De esta forma, todas y todos volverán a las ratoneras de donde partieron, si antes no han muerto durante el trámite para lograr el beneficio en mención. ¡La burla no puede ser mayor y más cínica!

La reacción de sectores y personalidades democráticas no se hizo esperar. Por medio de un Manifiesto titulado “Rumbo a un genocidio Carcelario”5 , publicado el 21 de abril,  suscrito por 72 docentes e investigadores en los ámbitos del derecho penal, la criminología  y la política criminal,” como estudiosos independientes y “profesionales vinculados con el servicio de la justicia, pero, sobre todo, como seres humanos”, encabezados por Luigi Ferrajoli, Filósofo del Derecho, y una extensa lista de adherentes internacionales y nacionales, expresaron en forma enfática su rechazo a tal Decreto.,

En ese documento de siete puntos y tres exigencias, Manifiestan su “repudio a la actitud indolente del Gobierno Nacional y la Fiscalía General de la Nación frente a la población carcelaria y a los trabajadores vinculados al sector penitenciario del país, hoy gravemente afectados como consecuencia de la pandemia del coronavirus Covid -19, que azota a toda la humanidad.” Consideran que “Una mirada al Decreto 546 de 2020, a través del cual se prometía resolver la crisis de salud pública que comienza a azotar los centros carcelarios y penitenciarios, demuestra su total inutilidad e ineficacia.” Les “indigna la pantomima  y el sórdido espectáculo que esos entes han montado frente a esta situación de riesgo excepcional, exhibiendo una supuesta preocupación por las personas privadas de la libertad, pero demostrando con todos sus actos, absoluta indiferencia para con la suerte que puedan correr la vida, la salud y la dignidad de esta población.

 Afirman que tal Decreto “describe con suficientes razones la gravedad de las circunstancias que determinan la emergencia carcelaria y enumera los derechos humanos que se encuentran amenazados.” Igualmente abunda en razones y argumentos que muestran un supuesto interés y sensibilidad por la situación calamitosa y de riesgo para la vida de la población carcelaria por la presencia de la pandemia de coronavirus. Y añaden “Que después de todo ese discurso, es inaceptable que el Decreto termine por vincular tantas excepciones para acceder a la reclusión domiciliaria, que lo hacen inútil e ineficaz para el propósito que lo informa. Además, todas ellas discriminatorias, populistas y, por ende, ilegítimas.” Consideran “que todas las barreras impuestas a la medida extramural son ilegítimas, porque los derechos a la vida y a la salud no pueden ser afectados ni puestos en peligro por el Estado…..omitir su debida protección es una extralimitación al ejercicio de privación de la libertad”.

En el Séptimo  y último punto Manifiestan “Que así las cosas, obligar a cualquier persona a encarar el peligro para la vida, real y cierto, en las condiciones actuales, significa someterla a situaciones equiparables a una pena de muerte. Se produciría, pues, un verdadero genocidio carcelario como lo advirtió  estos días el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni……”

Finalmente, el manifiesto en mención va más allá de lo declarado en sus siete puntos y formula tres exigencias, dos dirigidas al gobierno nacional : reformar el citado decreto, derogando “todas las barreras que impiden el acceso efectivo a la reclusión domiciliaria  y se garanticen de forma real y efectiva la salud  y la vida tanto de la población carcelaria como de los trabajadores del sector penitenciario.”; que “se adopten protocolos y medidas urgentes, reales y serias concertadas con todas las partes involucradas……para garantizar la vida de quienes deban permanecer en reclusión, incluidos todos los custodios.” Y, finalmente, piden a la llamada sociedad civil, los medios de comunicación social, Procuraduría General de la Nación, universidades, iglesias ……….se pronuncien en frente a esta tragedia que embarga a las prisiones colombianas y acompañen nuestros respetuosos pedimentos.”

Ahora bien, ante lo expresado en el ciado Manifiesto por quienes lo suscriben, cabe preguntarse, ¿qué motiva su tono de indignación y rechazo del Decreto  legislativo 546 de 2020?

Sea lo primero decir, para empezar por algún lado : la absoluta indiferencia del gobierno nacional en la persona de su presidente Iván Duque y su Ministra de Justicia y del Derecho, Margarita Cabello, como del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, frente al estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional en relación con la grave situación interna de los centros carcelarios del país y el hacinamiento de su población reclusa, hombres y mujeres, condenados y en detención preventiva, y contenido en las Sentencias T-153 de 1998, T- 388 de 2013, T-762 de 2015 y el Auto 121 de 2018.

Se suma a lo anterior el desconocimiento deliberado —propio de un gobierno fascinado con las reglas y la ideología del estado de excepción y el ejercicio de la soberanía radical, acorde con su talante bonapartista que le permite realizar toda clase de abusos—, de la crisis de nuestro sistema penal y carcelario, de la cual toma nota, a su manera, el diario El Tiempo en el Editorial ya citado. Después de calificarlo “como una papa caliente”, agrega :”Un problema que no es nuevo, que ya completa varias décadas. Con 132 cárceles con supuesta capacidad para 80.912 personas, pero en las que hay  84.051 condenados y 38.753 sindicados –es decir, una sobrepoblación de 38.163 internos, sin contar los miles que están, también hacinados en las URI y estaciones de policía–, es imposible pretender que las medidas mínimas de aislamiento para evitar la propagación de la enfermedad puedan ser exitosas. Y si a ese cuadro se le suman las  precarias condiciones de infraestructura de la mayoría de los centros, empezando por el acceso restringido al agua, se tiene una situación explosiva.”

En relación con el cuadro de datos relativos al hacinamiento carcelario, ese mismo periódico, en su edición del 12 de abril y basado en fuentes del Inpec, había aportado cifras que difieren un poco de las señaladas en el mencionado editorial, pero dan claridad sobre la composición social de la población reclusa : de 121.010 presos, el 71%, es decir, 85.241, están condenados. De esos condenados, el 7%, o sea 8.458, son mujeres.  Hombres  112.552. Presos sindicados : el 29%, o sea 35.574. Según esa fuente, el nivel de hacinamiento en las cárceles es del 50%. Y la edad de la mayoría de la población carcelaria, 77.873 personas, o sea un 64%, están entre los 29 y 60 años. Finalmente, están en trámite 26.397 procesos judiciales por privación injusta de la libertad.

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Y podrían presentarse más datos y cifras concernientes a dicha crisis, como también  innumerables  reseñas de testimonios rendidos por sus víctimas. Pero el cuadro y la situación están caracterizados, pero, ante todo , es un asunto de amplio conocimiento publico dentro y fuera del país.

Sólo quisiera terminar esta notas trayendo a colación una manifestación del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, en reportaje  publicado por el diario El Tiempo el 5 de abril del año en curso  : “Por convicción y principios, considero un riesgo inminente la excarcelación masiva de presos. Las cifras de la fiscalía me permiten afirmar que nuestra criminalidad es incluso más letal  que el covid-19.” Y esto lo dice un Fiscal general que se atraganta diciendo ante los medios de comunicación que “él es garantista”???.

Cali, mayo 23 de 2020.

NOTAS

  • Luigi Ferrajoli, “La pena en una sociedad democrática”, pag.24. Ensayo incluido en el libro “La pena. Garantismo y democracia”, Mauricio Martínez (Coautor y compilador), Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, 1999, Bogotá, Colombia.
  • Luigi Ferrajoli, Ibid, pag. 24.
  • Luigi Ferrajoli, “Derecho y razón”, pag. 21. Editorial Trotta, 1995, Madrid, España.
  • Diario El Tiempo, mayo 22, pag. 1.3.

Manifiesto : “Rumbo a un genocidio carcelario”, abril 21 de 2020.  Google – viva.Org.Co

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