Por cuenta del paro nacional del 21N, los de abajo tienen al gobierno del presidente Iván Duque pasando por su peor momento. Como consecuencia de ello, el país podría transitar hacia una crisis política de proporciones y alcances impredecibles.

El paro nacional del 21N constituye la mayor protesta popular de carácter urbano realizada en Colombia después del paro cívico nacional del 14 de septiembre de 1977. Ha sido lo más parecido a una huelga general de masas entre nosotros. Por la diversidad y amplitud de los sectores sociales participantes en él, así como por el contenido y alcances de sus objetivos, el paro nacional del 21N viene a constituirse en síntesis y superación de las acciones colectivas de masas realizadas en la última década en Colombia. Se expresó y adoptó la forma de una movilización general de multitudes jamás vista en el país.

Cientos de miles de personas marcharon ese día durante toda la jornada, ocupando calles y plazas céntricas en cerca de quinientos municipios. Empresas y negocios de todo tipo debieron cerrar sus puertas y dejar libres a sus trabajadores y empleados por el trastorno del transporte urbano y la movilidad en las grandes capitales, afectándose en forma considerable la producción de bienes y servicios tanto en el sector público como privado. Su epicentro fue, sin duda alguna, la capital de la república, pero también se sintió con igual fuerza en Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y muchas otras ciudades intermedias.

En todos estos centros urbanos, el paro contó con la participación directa o indirecta de toda la diversidad social, política, de género, étnica y racial que conforman los de abajo, así como de sectores de clases medias asalariadas, de técnicos y profesionales, gente del arte, la cultura y el espectáculo. Factor determinante en su preparación y sostenimiento  sería la entusiasta y valerosa participación de la juventud universitaria, que se ha convertido en alma y nervio de la protesta social en Colombia, no solo por su valor y arrojo para enfrentar la provocación de la fuerza pública, sino también por el despliegue de su genio creador y creativo en el uso de las redes sociales, así como por su capacidad de convertir la lucha social en escenario de fiesta, goce y alegría de sus protagonistas.

No obstante la diversidad de sectores que participaron del mismo, el paro del 21N contó con un factor de unidad fundamental: el rechazo mayoritario de los colombianos al mal gobierno de Duque, rechazo éste que ha sido sustentado en un conjunto de objetivos concretos que hacen parte de un pliego de peticiones presentado al Gobierno. Allí se destacan puntos como las reformas pensional y laboral pretendidas por el gobierno y los empresarios, la reforma tributaria que se tramita actualmente en el Congreso, la crisis del sistema de salud, el incumplimiento del acuerdo de paz y de los compromisos adquiridos con los estudiantes universitarios, los indígenas y el magisterio oficial, el asesinato de líderes sociales y ex guerrilleros de las Farc, entre otros. Por lo demás, los convocantes y organizadores del paro conformaron un comando nacional representativo que oficia como dirección colegiada y factor de interlocución frente al Gobierno y demás instituciones oficiales, aparte de servir de enlace entre los diversos sectores que apoyan y participan de la protesta.

Con el paro tiende a configurarse un escenario político de polarización social y lucha de clases frontal entre los de abajo y los de arriba, en el cual el Gobierno ha sido convertido en blanco de ataque perfecto de toda la inconformidad social, toda vez que aparece identificado abiertamente como el gobierno de los ricos y los potentados. Con la excepción de los gremios económicos del gran capital y algunos medios de comunicación que respaldan al Gobierno, éste aparece retado por el resto de la sociedad civil que le reclama y lo confronta, reto este que hace parte de una estrategia de resistencia social al proyecto de restauración conservadora del orden social que la extrema derecha quiere imponer con el regreso del uribato al poder.

Tras el paro del 21N, Duque aparece entonces políticamente aislado, con el solo apoyo de su partido y el de un sector del conservatismo. La debilidad de su gobierno es cada vez mayor, y tanto el Presidente como su partido se muestran incapaces de resolver  la crisis de gobernabilidad que arrastra desde sus inicios.

La coyuntura del paro lo sorprendió mal parado y bastante desgastado, en un momento en el que viene de acumular varias derrotas políticas, como las sufridas en el Congreso de la República cuando éste negó las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP y propició la caída del Ministro de Defensa tras varios debates de moción de censura por la política guerrerista del Gobierno, su ineptitud para enfrentar los crímenes contra los líderes sociales y los desmovilizados de las Farc, la violación de los derechos humanos y otras garantías democráticas para la oposición. Todo ello sin mencionar la derrota electoral del Centro Democrático en las elecciones del 27 de octubre, que ha dejado al Gobierno central sin el apoyo de buena parte del poder local y regional, que ha quedado en manos de otras fuerzas políticas diferentes a las del Presidente.

En esas condiciones, el Gobierno enfrentó la convocatoria del paro como si se tratara de una anunciada insurrección o levantamiento popular, con una campaña intimidatoria injustificada y desproporcionada, cuando lo que estaba en ciernes era una protesta popular pacífica de resistencia y denuncia contra las políticas oficiales. Al mal ambiente contra el paro le siguieron las amenazas y los dispositivos de la fuerza pública, procediendo a efectuar allanamientos y detenciones arbitrarias contra líderes populares, medidas estas que se complementaron posteriormente con la militarización de varias ciudades capitales y la declaratoria de la ley seca y el toque de queda en Cali y Bogotá, como en las peores épocas del tristemente célebre Estatuto de Seguridad del gobierno de Turbay. Una especie de Estado de Conmoción Interior de facto, que evade los controles de la Corte Constitucional.

Lo que se ha puesto en escena, una vez más, ha sido la estrategia del miedo y el temor como recurso de dominación política de los ciudadanos, esta vez para deslegitimar la convocatoria del paro por las vía de desprestigiar sus propósitos y restarle respaldo ciudadano.

En medio pues de una situación caracterizada por un ataque recio de los de abajo contra un Gobierno débil y aislado, el escenario termina mostrándonos a un Presidente bravucón sostenido cada vez más en el uso y despliegue de la Fuerza Pública, con todo lo que ello implica en materia de violación de libertades y derechos humanos, como lo muestran las tropelías del Esmad contra los manifestantes el 21 de noviembre y los días siguientes, que terminaron cobrando la vida del estudiante Dylan Cruz en Bogotá, aparte de una cantidad considerable de heridos y detenidos como producto de las refriegas con las fuerzas del orden.

Por encima de los cálculos iniciales,  y como respuesta a la represión de la Fuerza Pública y al desinterés del Gobierno en ofrecer una respuesta a las exigencias del paro, éste se ha desdoblado y prolongado durante los días subsiguientes como protesta callejera permanente en las principales capitales del país, copando vías y plazas públicas con actos culturales, de agitación política y sonido de cacerolas. Contra la democracia popular de las masas en la calle y la plaza pública exigiendo reformas sociales, políticas y económicas, el Presidente de la República responde con más bonapartismo. Tal parece ser la política del uribato en la coyuntura para sostenerse en el poder y seguir adelante con su proyecto restaurador, un proyecto que, de cualquier manera, parece condenado a salir de esta coyuntura más debilitado que antes.

La estrategia de control y contención de la protesta por la vía de la represión, aparece complementada con la política del desgaste de la protesta que Duque se juega al dilatar la creación de un escenario de negociación con los organizadores del paro nacional. Una situación de riesgo para el futuro inmediato del movimiento que la dirección del mismo debe enfrentar con madurez y sensatez, a sabiendas que el paro nacional del 21N debe ser asumido como una acción más de una estrategia de resistencia y asedio a las pretensiones restauradoras del uribato en el poder.

En este contexto particular cobra importancia la iniciativa del presidente del Senado de parar el trámite de la reforma tributaria en el Congreso de la República, un asunto de vital importancia para el Gobierno, con el fin de escuchar y dialogar con los organizadores del paro el alcance de sus demandas. Una actitud que difiere considerablemente de la asumida por el Gobierno y abre la posibilidad de un escenario de negociación entre los organizadores del paro y el presidente Duque, y que el comando nacional de paro debería considerar y analizar.

Medellín, noviembre 28 de 2019.