Refiriéndose a la suerte que podría correr Alvaro Uribe al finalizar su largo mandato, el columnista Antonio Caballero escribió alguna vez que el ex presidente estaba condenado a hacerse reelegir una y otra vez, por  toda la vida, como una especie de fatalidad inexorable. Y lo  decía para referirse a las consecuencias que podrían derivarse del ejercicio de su poder presidencial. Citando la idea de un pensador chino, quien afirmaba que ejercer el poder es igual a cabalgar un tigre: el jinete no se puede desmontar, porque en ese mismo instante el tigre se lo come, Caballero sostenía que Uribe estaba obligado a seguir montado en el poder, para impedir que se lo comieran no solo los suyos, quienes se sentirían traicionados y engañados si dejara el poder, sino también sus enemigos, a quienes ha maltratado, calumniado y despreciado acerbamente. Si Uribe dejara el poder –concluye el columnista-, terminaría en el exilio, perseguido por la justicia internacional, o en la cárcel, juzgado por la justicia colombiana. A la manera de Alberto Fujimori, el ex presidente peruano.

Pues bien, lo que entonces aparecía como una lejana posibilidad y un divertido pero ingenioso ejercicio de periodismo político, que por lo demás lograba traducir lo que era y ha sido el deseo de muchos colombianos, hoy reaparece como una probabilidad política nada descartable, y todo por cuenta de los hechos que empiezan a decantarse en la actual coyuntura política del país.

El pasado 10 de marzo, en una alocución televisada, el presidente Iván Duque anunció finalmente su decisión de objetar por inconveniencia política el proyecto de ley estatutaria de la JEP, afectando con ello seis artículos de los 150 que lo conforman. Anunció así mismo que presentaría a consideración del Congreso un proyecto de reforma constitucional destinado igualmente a reformar tres temas adicionales de la norma en cuestión. Como era de esperarse, la decisión del Presidente ha generado un amplio rechazo entre diferentes sectores políticos, sociales, académicos, organizaciones no gubernamentales y desmovilizados de las Farc, quienes consideran que la decisión presidencial constituye un atentado contra la JEP y el proceso de paz en general, toda vez que crea incertidumbre e inseguridad jurídica entre los desmovilizados, al tiempo que desconoce asuntos ya resueltos o que hacen parte del acuerdo de paz celebrado. Para algunos destacados juristas y el Procurador General de la Nación, lo decidido por el Presidente constituye un abierto desacato de lo ya resuelto por la Corte Constitucional al efectuar el control previo de constitucionalidad del proyecto de ley, con lo cual el Ejecutivo pone en riesgo postulados centrales del Estado social de derecho consagrados en la Constitución Política y genera una crisis política innecesaria. Miembros de la comunidad internacional como los delegados de la ONU, la Unión Europea y los países garantes del acuerdo de paz, como Cuba y Noruega, también lamentaron que el presidente tomara esa decisión y han expresado su  preocupación por la suerte del proceso de paz.

En los próximos días el Congreso de la República será escenario de arduos debates y confrontaciones entre las bancadas de los partidos políticos, como quiera que está obligado a tramitar y resolver los reparos políticos formulados por el Presidente, mientras que el país se apresta a la realización de grandes movilizaciones y protestas callejeras en defensa del proceso de paz, como efectivamente debe hacerse. Y no es para menos, lo decidido por el Presidente abre una tronera que se sabe como empieza pero no cómo podría terminar. Por lo que está en juego, la batalla que se avecina podría ser decisiva para romper el relativo equilibrio de fuerzas que le ha impedido a la extrema derecha inclinar la balanza  a su favor y encausar al país por el rumbo definitivo de la plena restauración conservadora del orden, en consonancia con lo que vine sucediendo en muy buena parte del continente.

La objeción presidencial al proyecto de ley estatutaria de la JEP y los anuncios de reforma a la misma  se veían venir. Hacen parte de la estrategia de renegociación a la que el uribato y sus aliados han sometido el acuerdo de paz en el Congreso de la República desde el inicio de su implementación. Previo a la objeción, el Presidente de la República no hizo sino aparentar una mendaz actitud reflexiva, mientras la extrema derecha creaba y ambientaba el escenario para justificar y legitimar el ataque a la JEP y al proceso de paz. Esto último corrió por cuenta del ex presidente Uribe y el Fiscal General de la Nación, los mayores francotiradores de la extrema derecha contra el proceso de paz. El primero, llamando y presionando al Presidente a un ataque frontal contra la JEP, buscando suprimirla del ordenamiento jurídico, y el segundo orquestando montajes de todo tipo para desacreditarla y desprestigiarla como tribunal de justicia transicional. La divisa de este envión ha sido la supuesta impunidad que la JEP le asegura a los desmovilizados de las Farc, quienes son presentados ante la opinión pública como los únicos responsables de los más espantosos crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el conflicto armado interno.

Satanizando a los excombatientes de las Farc como únicos responsables de crímenes atroces, el uribato busca no solo deslegitimar la necesidad de la Jurisdicción de justicia transicional, sino además y principalmente robarse el manto de la impunidad para arropar con él a los militares y terceros civiles comprometidos en crímenes durante el conflicto armado. Esto último es un asunto de particular importancia, casi que de vida o muerte, para sectores de extrema derecha, especialmente para el ex presidente Alvaro Uribe. Que ello es así lo prueba el afán y empeño con que el Senador ha buscado que el Congreso le apruebe el proyecto que permita excluir a los militares de la competencia de la JEP, como en su momento se logró parcialmente con los terceros civiles comprometidos en el conflicto, al lograr que éstos pudieran pasar por los tribunales de la justicia penal ordinaria.

La JEP, como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición, constituye la pieza maestra del acuerdo de paz de La Habana. Sin ella no sería posible la reincorporación de los excombatientes a la vida social, económica y política del país, ni la reparación de las víctimas del conflicto armado, así como tampoco  tendrían sentido muchas de las reformas contempladas en el acuerdo de paz. Como tribunal de justicia transicional, la JEP contempla un sistema de sanción único para todos los actores comprometidos en el conflicto, basado en el reconocimiento de verdad y de responsabilidad por parte de los comparecientes a la misma. Pretender entonces suprimir de tajo la Jurisdicción Especial de Paz, o buscar sustraer de su competencia la evaluación de la conducta de algún actor central del conflicto, como pretende hacerlo el uribato y sus aliados con respecto a los miembros de las Fuerzas Armadas, sería tanto como asestarle la estocada final al proceso de paz. Y esta posibilidad, precisamente, es la que queda servida con el debate abierto por el Presidente de la República contra el proyecto de ley estatutaria de la JEP.

Llegados a este punto, la pregunta es inevitable: ¿Qué es lo que en realidad busca el uribato al pretender que la JEP sea suprimida como tribunal de justicia transicional, o que los miembros de las Fuerzas Armadas sean excluidos de su competencia?

Es de conocimiento público que los momentos más álgidos del conflicto armado interno se dieron durante el largo mandato del ex presidente Uribe y su política de seguridad democrática. Producto de ello, Colombia vivió entonces la más grave crisis de derechos humanos en toda su historia, con atropellos de todo tipo contra la población civil, desapariciones y masacres de población campesina, desplazamientos de campesinos y comunidades indígenas, consecuencia todo ello del accionar de las guerrillas, pero también y principalmente del desafuero de las Fuerzas Armadas actuando muchas veces en complicidad con paramilitares y empresarios del campo y la ciudad. Quienes han investigado y documentado los alcances e intríngulis del conflicto armado durante ese período, sostienen que en los anales y archivos judiciales de este país reposan evidencias que comprometen la responsabilidad política del presidente de la época, así como de su equipo y entorno de colaboradores con buena parte de los desafueros y crímenes cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y otras instituciones del Estado durante ese período. Todo lo cual era consecuencia, al parecer, de los instructivos de una política de guerra transmitidos y ejecutados por una línea de mando cuya máxima autoridad era entonces el Presidente de la república. Se entienden entonces los motivos de intranquilidad del ex presidente Uribe cuando los militares y algunos otros ex funcionarios suyos tengan que comparecer ante la Jurisdicción Especial de Paz en diligencias de reconocimiento de verdad y de responsabilidad frente a crímenes de guerra y lesa humanidad. Se entienden también las razones por las que está dispuesto a hacer cualquier cosa para sustraerlos de tal Jurisdicción, creando una especial para ellos.

En su empeño, el ex presidente no parece tenerlas todas con él. Así lo evidencian hechos como la reciente decisión de la Corte Constitucional de declarar la inconstitucionalidad de la norma que establecía un procedimiento diferencial para los miembros de las Fuerzas Armadas, contemplada en la ley que fija el código procesal de la Jurisdicción Especial de Paz. O como la evidencia misma que da cuenta de las dificultades que tiene para conformar en el seno del Congreso de la República, una amplia coalición que le asegure las mayorías necesarias para lograr que esta corporación apruebe un proyecto de ley creando una jurisdicción especial encargada de procesar a los militares comprometidos con delitos cometidos durante el conflicto armado, asegurándoles impunidad plena. Sin contar la oposición que tal pretensión provocaría entre amplios sectores de la opinión pública nacional, organizaciones de derechos humanos a nivel internacional, la ONU, la Corte Penal Internacional y gobiernos de diferentes Estados de América y Europa, principalmente.

Al finalizar su segundo mandato y derrotado en la posibilidad de seguir gobernando en persona, Uribe no sólo logró influir en forma directa en la escogencia de su inmediato sucesor, sino que además para el período subsiguiente se hizo elegir senador de la república por un partido creado por él y sus más cercanos y fieles seguidores. Desde entonces ostenta la doble condición de ex presidente de la república y senador en ejercicio, con sus correspondientes fueros de protección legal y judicial. De manera que, en forma directa unas veces e indirecta otras, no dejó de tener poder de decisión, con lo cual ha logrado seguir jineteando el tigre que siempre ha montado y defenderse durante algún tiempo de algunos enviones del poder judicial contra él. Pero la maniobra no le alcanzó para impedir la celebración del acuerdo de paz con las Farc. Pactado éste, sentía la necesidad de parapetarse mejor institucionalmente en el poder, para evitar que el tigre lo sorprendiera con zarpazos inesperados. Por eso le metió todo a la búsqueda de la Presidencia con un candidato de sus entrañas. Hoy cree que puede sortear de mejor forma los peligros que entraña el tigre. Pero en realidad, no tiene nada asegurado. Corre el riesgo cierto de que el tigre finalmente se sacuda de él, y una vez en tierra, se lo coma. Como alguna vez Antonio Caballero previó que pudiera ocurrir.

Marzo 18 de 2019.

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